Estrategia e indicadores sobre los ODS en el Ministerio de Política Territorial

 Al tratarse de un ministerio con una importante implementación en los territorios, con labores de coordinación y ayuda respecto a otras administraciones (autonómica y locales), el Ministerio de Política Territorial tiene una importante labor en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 

En la página del Ministerio de Política Territorial, en concreto, en este enlace, podemos encontrar todos los detalles sobre esa Estrategia Nacional, que, tal y como se indica,se relaciona directamente con los ODS, en concreto con los siguientes objetivos ODS:

• Fin de la pobreza.
• Igualdad de género.
• Trabajo decente y crecimiento económico.
• Industria, innovación e infraestructura.
• Reducción de las desigualdades.
• Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Alianzas para lograr los objetivos.     
  

En la página podéis encontrar información sobre las directrices de la estrategia, acordadas por el Consejo de Ministros, así como indicadores e informes sobre el grado de cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030.

Como se puede apreciar, el objetivo 17 (alianzas) se cumple mediante la sinergia y la colaboración, bajo directrices del Gobierno, de los tres niveles de la administración, la AGE, la administración de las comunidades autónomas y las entidades locales. 

En cuanto a la implementación de los ODS en la estrategia, tal y como explican las directrices del Consejo de Ministros, con un importante papel del Ministerio de Política Territorial y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno como organismos encargados de relacionarse con las administraciones en el día a día, hay un intento de impacto directo en el ámbito rural y en áreas con escasa densidad poblacional para tratar de frenar las desigualdades existentes. 

Estas áreas son las que sufren la pobreza y la desigualdad. Son, también, los espacios en las que la mujer tiene una mayor dificultad para vencer los estereotipos de género y trabajar en igualdad de condiciones. Por otra parte, falta tejido industrial y comercial y muchas infraestructuras están obsoletas o brillan por su ausencia, lo que redunda en una mayor desigualdad. Pero, a la vez, son ejemplo de sostenibilidad que en los últimos años se ven afectados por las prácticas ganaderas y agrícolas intensivas, poco sostenibles. La despoblación y el envejecimiento, además de la falta de infraestructuras en transporte, son problemas que están acentuando la desigualdad económica y en cuanto a oportunidades laborales, además de la brecha digital.

Por ello, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico traza una serie de objetivos que recojo literalmente en cursiva, apostando por la colaboración público-privada y por la inclusión de la sociedad civil en esta importante causa:

• Garantizar una plena conectividad territorial, con una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020.
• Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.
• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión.
• Avanzar en la simplificación normativa y administrativa, para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.
• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público – privada, potenciando la incorporación de los factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado, para convertir todos los territorios en escenarios de oportunidades.
• Alinear las líneas de acción de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
  

 En cuanto a los indicadores, es obvio que hay que hacer un trabajo arduo. Más del 60% de municipios españoles han perdido población, concentrándose esa pérdida en los municipios con una población inferior a 5000 habitantes y en las pequeñas ciudades, que según los indicadores europeos estarían en riesgo extremo de despoblación. Esto se traduce en una concentración poblacional en las ciudades y una dispersión territorial absoluta en el mundo rural, la conocida como "España vaciada".

En el informe demográfico podemos ver cómo en esos pequeños municipios y en las comunidades autónomas con mayor dispersión de población el envejecimiento de la población es altísimo. Si bien es una tendencia que afecta a todo el país, ese envejecimiento se concentra especialmente en las capitales de provincia con menos de 200 mil habitantes, en los pueblos y ciudades pequeñas (menos de 50 mil habitantes) y las provincias de comunidades con menos infraestructura y más áreas rurales, como Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia...

Todos estos indicadores deberían servirnos para redoblar esfuerzos. A día de hoy, vivir en un área rural o en un pueblo conlleva desigualdad: desigualdad en el transporte público, con conexiones muchas veces casi inexistentes, que obligan al transporte privado, más costoso, menos eficiente energéticamente y muy dificultoso para población envejecida; desigualdad para la población joven, con una dispersión de las escuelas que obliga a realizar desplazamientos y provoca una mayor dificultad en la conciliación familiar para sus padres y abuelos; desigualdad económica, por la falta de infraestructuras y oferta laboral, que a su vez redunda en aumentar la despoblación y el envejecimiento; y desigualdad digital y en las relaciones con la administración.

En definitiva, si bien los objetivos están bien planteados, creo que es importante "bajar a tierra", con medidas más directas. Muchas de las directrices son, a mi juicio, un tanto genéricas, estableciendo objetivos que no son concretos y que, en muchos casos, son recomendaciones que no traen consigo una dotación presupuestaria que las convierta en realidad, algo que vemos día a día en las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, por las protestas de los pueblos y sus habitantes sobre una situación que no parece revertirse a día de hoy.

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